Juan López
Por: Juan López
A propósito de las
elecciones presidenciales de Venezuela, programadas para el domingo 28 de julio
de 2024, importantes sectores de la comunidad internacional están manifestando
serias preocupaciones porque, desde el oficialismo reeleccionista, se están
evidenciando importantes acciones y señales políticas que vislumbran al
gobierno de Venezuela-Maduro montando una burda réplica de los
ilegítimos resultados de las elecciones que, el 21 de noviembre de 2021, se
efectuaron bajo la directrices omnímodas del gobierno de Nicaragua-Ortega.
Como se recordará, la
septuagenaria mancuerna presidencial Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo
logró imponer, después de 27 años en el poder (17 en forma consecutiva),
su tercera reelección como gobierno de Nicaragua, para cuyos propósitos fue
menester usar todos los recursos del poder, persiguió y
apresó a los 7 principales candidatos opositores y también
gestionó que el Consejo Supremo Electoral declarara ilegales a los
principales partidos de la oposición.
Varios gobiernos de los
países de América del Sur (Costa Rica, Argentina, Ecuador, Guatemala, Paraguay,
Perú, Uruguay, Brasil), la OEA, Unión Europea (UE) y varios
organismos internacionales se están expresando en contra de las acciones
excluyentes y represivas que están implementando el Consejo Nacional Electoral
(CNE) y el gobierno de PSUV-Maduro contra los partidos de la oposición.
Mientras el Partido
Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y aliados inscribieron, sin
ningún inconveniente, al presidente Nicolás Maduro para su tercera reelección
consecutiva (tiene más de 12 años en el poder, por herencia del presidente
Hugo Chávez); a los candidatos presidenciales que han presentado los principales
partidos de la oposición a través de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)
les han colocado todas las trabas habidas y por haber para que no inscribir sus
candidatos.
Aun cuando se habla de
la participación de 13 candidatos presidenciales de 37 diferentes partidos,
resulta y viene a ser que la mayoría de esos candidatos son puros testaferros y
bufones políticos para tratar de legalizar el matadero electoral que están
montando el CNE y el gobierno del PSUV-Maduro para el próximo 28 de julio.
Porque son más que
evidentes las diversas acciones que se están realizando para excluir
a los principales partidos de oposición de las próximas elecciones
presidenciales de Venezuela, se impone desatar una intensa y amplia campaña
internacional para que en Venezuela se pueda materializar un proceso electoral
auténtico, democrático, libre, equitativo y transparente, cuyos
resultados representen la verdadera voluntad popular de los venezolanos.
Desde hace años, durante
el régimen del PSUV-Maduro en su fanfarronería de socialismo de siglo XXI,
la otrora próspera y democrática Venezuela se encuentra sumergida
en una complicada crisis económica, social y política: a) Histórica
híper-inflación y carestía de importantes productos de la canasta familiar, b)
corruptela e impunidad en gran escala, c) abrupta caída del PIB y deterioro
creciente de la producción de petróleo, d) represión política, violaciones de
los derechos humanos y libertades, y, d) una masiva emigración de
venezolanos que sale huyendo de esa pesarosa crisis.
Por tales razones, la
comunidad internacional, observando esas arbitrarias acciones, exigía que,
luego de la inhabilitación de la candidatura de Marina Corina Machado se
permitiera la inscripción de Corina Yoris como sustituta en la boleta de la oposición,
representando a la PUD; lo cual, mediante espurios subterfugios,
también se impidió.
Fue a última hora y
superando múltiples quisquillas y manipulaciones, el CNE y el gobierno
del PSUV-Maduro se vieron compelidos a inscribir a Eduardo González
Urrutia como candidato presidencial de la oposición, en representación de
PUD.
Urge que ante tantos
desaguisados y triquiñuelas politiqueras que está implementando el oficialismo
reeleccionista, la comunidad internacional (en especial ONU, UE, OEA) se mantenga
vigilante y firme para impedir que el gobierno del PSUV-Maduro imite el
proceso que padeció el pueblo nicaragüense como consecuencia de las
fraudulentas y arbitrariedades acciones que, para reelegirse, cometió el
gobierno de Nicaragua-Ortega.
El noble pueblo
venezolano merece y necesita elegir sus autoridades mediante procesos
electorales democráticos, libres, equitativos y transparentes. Hay que levantar
un fuerte muro de solidaridad internacional con el pueblo venezolano.
¡Hay que impedir que el gobierno de Venezuela-Maduro se convierta en
una réplica de Nicaragua-Ortega!
31 de marzo de 2024.