Juan López
Por Juan López
Por mandatos de nuestra
Constitución y varias leyes vigentes, el gobierno tiene la
responsabilidad de administrar, conducir, organizar y crear los servicios
que fueren necesarios para mejorar la calidad de vida y seguridad
de la población; para lo cual varias instituciones y funcionarios
gubernamentales ejecutan planes, programas y actividades para recaudar recursos
económicos en la población, para elaborar el presupuesto nacional anual.
Con esos recursos el
gobierno, a través de las instituciones estatales, tiene que administrar bien
las diferentes partidas consignadas en los presupuestos para que los servicios
públicos se ofrezcan oportunamente en cantidad y calidad suficientes para
garantizar que generen bienestar y seguridad a la
población, progreso y paz social en el país.
No obstante esas
taxativas disposiciones legales, en los últimos meses, varios sectores de la
sociedad están llenando los medios de comunicación y redes sociales con
múltiples quejas y demandas porque diferentes instituciones y funcionarios
gubernamentales no están cumpliendo con sus obligaciones, principales causas
para que varios e importantes servicios públicos se están ofreciendo con
significativas deficiencias y en ínfimas cantidades. Veamos:
Los altos precios de los
principales productos de la canasta alimentaria del país disminuyen el poder
adquisitivo de la clase media y sectores populares por lo cual están “con el
grito al cielo”, que se pretende apagar con “cifras estadísticas” ajenas a la
realidad que manipulan los técnicos del Banco Central.
La delincuencia y
violencia se incrementan considerablemente. Por más promesas que hace el
presidente Abinader y sus funcionarios, para la mayoría de los dominicanos
la inseguridad ciudadana es el principal fracaso del gobierno que nos mantiene
en total zozobra e incertidumbre.
Para obtener o renovar
una libreta de pasaporte es menester esperar más de seis meses y dedicar varios
días y largas horas en su procura en las oficinas de la Dirección
Nacional de Pasaportes.
El retorno de largos y
tediosos apagones así como el sustancial aumento de las facturas que,
mensualmente, se deben pagar, son claras evidencias de las improvisaciones e
incapacidad de las instituciones y funcionarios de las áreas de la
electricidad.
Un coro nacional pregona
que, a pesar de que el Ministerio de Educación “ejecutó” el mayor
presupuesto de la historia; Sin embargo, el recién finalizado año escolar ha
sido el de peores resultados en cuanto a la calidad y cantidad de la educación
que se debió impartir en los centros educativos públicos.
Los hospitales públicos
funcionan con muchas precariedades: carestía de camas, falta de equipos
médicos, inexistencias de medicamentos, personal médico y paramédico
insuficientes. Una cita se concede para meses, a menos que
los pacientes se presenten con una enfermedad grave o producto
de accidentes.
Los servicios de
mantenimiento a las instalaciones deportivas en los municipios y atenciones a
los deportes que necesitan practicar nuestros jóvenes “brillan por su
ausencia”. Tal parece que este gobierno clausuró el Ministerio de Deportes por
infuncional.
Los funcionarios del
INTRANT y la DIGESETT no pegan una. El tránsito vehicular va de mal
en peor. Los extensos y odiosos tapones se multiplican; es alarmante la
cantidad de accidentes en calles y carreteras con secuelas de
cantidades de muertos y heridos, convirtiéndose en el principal dolor de
cabeza de quienes tienen que viajar a trabajar, estudiar o en calidad de
turistas.
También se evidencian
importantes fallas del Sistema 9.1.1. en la rápida atención de emergencias; en
las frecuentes interrupciones del metro de Santo Domingo y el deterioro de sus
escaleras. Son muchas las deficiencias y escándalos por fraudes millonarios en
las tarjetas Supérate para asistencia social, así como los pésimos
servicios de agua potable a la población en la mayoría de nuestros municipios.
Ese conjunto de
evidencias en el deterioro de tan importantes servicios públicos, muy
preocupantes, nos inducen a reflexionar las respuestas a estas preguntas:
¿Qué está pasando con
los servicios públicos? ¿El presidente Abinader y sus funcionarios sabrán que
esas inocultables deficiencias en los servicios públicos reducen la calidad de
vida de la población? ¿Que el gobierno tiene el ineludible deber de aportar
oportunas y adecuadas soluciones, y evitar retroceder antes que generen
convulsiones que afecten la paz social y gobernabilidad democrática que merece nuestro país? ¡Ojalá puedan actuar antes de que sea
tarde!
25
de junio de 2023.