El Ministerio Público pondera la decisión judicial en el caso Pandora, destaca la gravedad de los hechos y las medidas adoptadas

Distrito Nacional, 26 de noviembre de 2024.
El Ministerio Público expresó su satisfacción con la decisión de la magistrada Fátima Veloz, quien impuso medidas de coerción a los implicados en el caso Pandora, un caso de corrupción y criminalidad organizado que involucra a miembros de la Policía Nacional. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que conoció la medida, consideró que las acusaciones presentadas por el Ministerio Público estaban debidamente sustentadas.

Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), se refirió a la resolución del Tribunal, señalando que la misma refleja la gravedad de los hechos imputados. "Estamos satisfechos con la decisión del Tribunal y la forma en que ha valorado la seriedad de este proceso y de las 10 personas físicas imputadas, así como una persona moral", indicó Camacho.

El Tribunal impuso prisión preventiva a siete de los implicados, arresto domiciliario a otro, y garantías económicas a dos de los acusados. En concreto, se estableció una garantía económica de tres millones de pesos para Víctor Santos y de dos millones de pesos para Ángel Gómez, quienes además tendrán impedimento de salida y deberán realizar visitas periódicas al tribunal.

“La prisión preventiva fue impuesta a la mayoría de los implicados, mientras que para algunos de los acusados, como Víctor Santos y Ángel Gómez, se adoptaron otras medidas cautelares, como la garantía económica, el impedimento de salida y las visitas periódicas", agregó el director de la Pepca.

La directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, también estuvo presente en el conocimiento de la medida de coerción.

Operación Pandora

La medida de coerción se produce en el marco de la reciente Operación Pandora, llevada a cabo por el Ministerio Público contra una supuesta red criminal integrada por agentes de la Policía Nacional, encabezada por el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien se desempeñaba como director de la Intendencia de Armas de la institución. Esta red, según las investigaciones, sustrajo más de 900,000 proyectiles, comprometiendo gravemente la seguridad nacional.

La operación, que comenzó en octubre pasado, fue impulsada por una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la Policía Nacional. Durante la ejecución de la operación fueron detenidos varios oficiales y miembros de la Policía Nacional, entre ellos el coronel Féliz Romero, el subintendente Juan Miguel Pérez Soler, y otros oficiales y agentes de menor rango.

También fueron arrestados el capitán Nelson Valdez, el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, quienes supuestamente alteraron documentos oficiales para encubrir el robo de las municiones.

Otros miembros de la red criminal detenidos incluyen al sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, y los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes desempeñaban roles operativos clave en el esquema delictivo.

Más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional y más de 40 fiscales participaron en los allanamientos realizados en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.