Centros clandestinos atienden a las parturientas haitianas

Senecharles figura en ONAPI como titular de OIPEME, Organización Internacional para la Erradicación de las Enfermedades Endémicas, registrada en la referida institución el 19 de octubre de 2023, con la actividad de “brindar servicios de salud, especialmente los más necesitados, y participar en la prevención enfermedades epidémicas y endémicas, sin fines de lucro”. Pero una cosa es tener registrado un nombre comercial y otra muy diferente tener permiso de Salud Pública para dar servicios médicos.

El supuesto doctor confesó no estar habilitado para brindar servicios médicos en el país, pero indicó que habría iniciado el procedimiento para lograr el permiso.

Sin embargo, según confirmamos en la Dirección de Habilitación de Salud Pública no ha iniciado estos procesos, por lo que dispusieron el cierre de ambos centros por violación a la Ley General de Salud. Explicaron que han cerrado otros, incluyendo uno en Santiago que duró cerrado unas dos semanas cerrado hasta que cumplió con los requisitos.

Al mostrar su carnet del Colegio Médico Dominicano (CMD), el equipo de N Investiga entró al consultorio y se percató de que, además de un sonógrafo, había un recetario, equipos para evaluar la vista y servicios de odontología en medio de condiciones de hacinamiento.

Confirma realiza partos a embarazadas haitianas

Al ser cuestionado sobre si realiza partos a nacionales haitianas, confesó que sí y que colabora con el corte del cordón umbilical, considerando que es parte de sus obligaciones como médico.

Resaltó que por el servicio brindado, en ocasiones, cobra un monto de RD$10,000.

“Aquí, sí, hay muchas veces. La gente hace parto en su casa. Yo ayudo a cortar el cordón umbilical. Tengo, pertenece a mi obligación como médico. Porque el hecho que hay mucho problema por los haitianos ahí. Muchas veces hacen parto allá, en su casa”, sostuvo.

Pero debe tener licencias tanto para los dos centros como para brindar servicios médicos ambulatorios y vender medicamentos.

Otros casos

Un caso similar ocurrió la pasada semana, en Nueva Jerusalén, Santo Domingo Este, donde residentes acusaron a una doctora, cuyo nombre no fue revelado de prestar servicios a embarazadas haitianas indocumentadas, incluyendo una acusada, junto a su esposo, de haber quemado a su hija recién nacida.

Aunque organizaciones que luchan por los derechos de los migrantes dicen no haber recibido denuncias de centros clandestinos, manifiestan que tienen numerosos casos de mujeres obligadas a dar a luz en sus casas con parteros cuyos bebés no han podido recibir siquiera la primera vacuna.

El coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (Menamird), William Charpentier, consideró que “ya en pleno siglo XXI se había superado prácticas que se daban en los campos, en los bateyes, de comadronas, de criar niños y traer un niño en el mundo para pasar trabajo”.

Cabe destacar que una comadrona o partero no cuenta con la capacitación, insumos y aparatología que contaría un ginecobstetra y un hospital autorizado para atender cualquier complicación, como se evidencia en estas fotografías del interior del centro ubicado en el Mercado Nuevo.

¿Se están llenando los hospitales nuevamente de haitianos indocumentados?

Según el Servicio Nacional de Salud (SNS), al comparar los datos de enero a mayo de 2025, los servicios a haitianos han bajado en más de un 67 %, luego del protocolo. Sin embargo, la pasada semana, ciudadanos denunciaron a través de las redes sociales que los hospitales nuevamente están registrando alta presencia de haitianos ilegales, sobre todo en zonas turísticas de la provincia La Altagracia.

“Se están llenado los hospitales de nuevo de ilegales (se escucha a personas decir no me grabes), estamos volviendo a lo mismo. Ahorita no tienen los dominicanos cupo en los hospitales como hace 3 meses atrás”, expresa en video un ciudadano grabando a haitianos en un hospital.

Si bien es cierto que el protocolo de verificación migratoria permite enfocar mejor los recursos hacia la población dominicana, es lamentable que desaprensivos conviertan esto en un nicho de negocio atentado contra la vida de estas mujeres y sus bebés. El debate continúa abierto entre la seguridad nacional y la dignidad de quienes, al no tener estatus migratorio irregular, quedan excluidos de un sistema de salud accesible y seguro, negado desde un principio por su propio país de origen.