Cámara de Cuentas remite a la Procuraduría lista de funcionarios que no declararon su patrimonio

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana remitió a la Procuraduría General de la República un expediente que contiene los nombres de funcionarios electos, salientes y designados, incluyendo legisladores actuales y pasados, que no han cumplido con la presentación de su declaración jurada de patrimonio, tal como exige la Ley 311-14.

La comunicación fue enviada el pasado 25 de abril de 2025 y está dirigida a la procuradora general Yeni Berenice Reynoso Gómez. El documento fue firmado por la presidenta del órgano fiscalizador, Emma Polanco Melo, y detalla que el incumplimiento abarca tanto a funcionarios en ejercicio como a aquellos que cesaron en sus funciones en el último año.

Según el informe entregado, en el expediente digital figuran tres listas principales. La primera recoge a los funcionarios electos entre 2024 y abril de 2025 que no presentaron su declaración jurada en el plazo legal. La segunda incluye a funcionarios designados o cesantes en ese mismo período que tampoco han cumplido con la normativa. La tercera relaciona a quienes presentaron sus declaraciones de forma tardía, lo cual también constituye una falta conforme al artículo 13 de la Ley 311-14.

La Cámara de Cuentas aclaró que esta información fue elaborada por su Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de Funcionarios Públicos, y que se basa en los datos disponibles al momento. No se descarta que existan otros casos de omisión que aún no han sido incluidos debido a falta de información o verificación documental.

“Estaremos en proceso de recabar los datos correspondientes a los fines de remitirlos a la mayor brevedad posible”, expresó Polanco Melo en su misiva.

Esta acción se produce en un contexto de mayor demanda social por transparencia, fiscalización y sanciones ante casos de corrupción administrativa, y representa una de las más amplias operaciones de seguimiento al cumplimiento de la Ley 311-14 desde su promulgación en agosto de 2014.

La referida legislación obliga a todo funcionario público a declarar su patrimonio al momento de asumir, cesar o ser ratificado en una función pública, y su incumplimiento puede dar lugar a acciones judiciales y sanciones administrativas.